Hoy es el Día de la Tierra y en Chile, hay poco para celebrar. A la actual crisis sanitaria, social, económica e institucional, debemos sumarle la ambiental.
En las últimas semanas han sucedido eventos ambientales de los que poco se habla en los medios masivos. Por solo mencionar algunos: la tragedia ambiental que esta ocurriendo en el fiordo Comau producto de la floración de algas tóxicas intensificada, según expertos, por la industria salmonera; la intervención empresarial del curso de agua de un glaciar en la Reserva Nacional Mocho Choshuenco; el visto bueno del SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) para un proyecto de exploración minera en San José de Maipo y el fallo unánime del Tribunal Ambiental a favor del proyecto Minero-portuario Dominga, por solo mencionar algunos. Dato anecdótico, hoy jueves 22 de abril entra en vigencia el Acuerdo de Escazú, del cual las autoridades se negaron a firmar.
Se entiende la importancia de reactivar la economía; sin embargo, sería un error continuar con el actual marco legislativo que destaca por su permisividad y las históricas multas a empresas que siguen vigente, subsidiadas por el Estado y dañando la biodiversidad. Claro ejemplo es la impresionante entrega de concesiones a la salmonicultura, incluso en áreas marinas protegidas, como las aguas del Parque Nacional Kawésqar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de establecer zonas de conservación si no es impedimento para la operación de industrias altamente contaminantes?
Lo mismo se replica a las mineras, hidroeléctricas e inmobiliarias donde estudios científicos advierten lo frágil de los ecosistemas que se impactan; sin embargo, parecieran no ser argumento suficiente para ser considerados por el SEA.
En Chile es urgente establecer una visión de uso integral, sostenible y equitativa por sobre el actual modelo que depreda los pocos ecosistemas prístinos que nos van quedando.
Alan Thiznau
