Con el paso de los años cada celebración de Fiestas Patrias cobra un significado distinto, más lejano al que solía darle cuando era más pequeño. En mi infancia, solía llover con abundancia en septiembre y, con la llegada de la primavera, el jardín de la casa se llenaba de abejas e insectos…hoy no llueve y las abejas brillan por su ausencia. Ejemplos como éste hay muchos, así como durante años he visto el progresivo deterioro del medio ambiente, el aumento de la contaminación y el alto crecimiento industrial favorecido por un marco legal permisivo y de insuficiente fiscalización por parte del gobierno que esté de turno.
Es inevitable no reflexionar acerca de la manera en que Chile se ha forjado desde sus inicios: la colonización española, el exterminio y abuso a pueblos originarios, la explotación de recursos naturales, la privatización, la contaminación industrial, la corrupción en las instituciones públicas y privadas…El Estado de Chile, con más de 200 años de independencia, no ha aprendido de sus errores, no ha hecho cambios sustanciales en favor de un desarrollo económico sustentable; al contrario, a principios de septiembre fue aprobado el proyecto de Ley “Pro-Inversión I” que busca acelerar las inversiones restando facultades de fiscalización a la Superintendencia del Medio Ambiente, brindando así claros beneficios a las grandes empresas. Entonces, no se entiende el doble discurso de la autoridad cuando, además, se habla del cierre de las termoeléctricas para el 2040 mientras el plan de descarbonización para el presente año ya cuenta con una nueva planta instalada en Mejillones, lo que significa que el impacto de crecimiento de las termoeléctricas es mayor que lo que se intenta reducir.
Por mucho tiempo, ni los parlamentarios ni los gobiernos han considerado los informes científicos que desde el año 2000 evidenciaban los primeros signos de escasez; sin embargo, se siguen aprobando proyectos que destruyen ecosistemas necesarios para mantener un equilibrio natural. Sin ir más lejos, hace unas semanas se aprobó por unanimidad una nueva central hidroeléctrica en la Araucania, otorgándole derechos de agua a la industria para intervenir uno de los ríos mejor conservados de Chile: el Río Cautín. Sí, vergonzosamente, en Chile el agua no es un bien de uso público y una eventual modificación al Código de Aguas lleva 8 años tramitándose en el congreso. Es más, los 3 megaproyectos de «carretera hídrica» que buscan captar, almacenar y transportar el «excedente» de agua de los ríos Biobío, Maule y Rapel hacia el centro y norte, apuntan al abastecimiento de la agroindustria y minería dejando el consumo humano como ítem secundario.
No existe color político cuando se trata de tener una mirada crítica frente al actuar del Estado en relación a la biodiversidad y lo que quedará de ésta para las futuras generaciones, para nuestros hijos.
«Cuando el último árbol sea cortado, el último río envenenado, el último pez pescado, sólo entonces, las personas se darán cuenta de que el dinero no se puede comer» Proverbio Cree.
Columna y foto por @alan.thiznau
